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Torres-Dulce aboga por la creación de “fiscales especialistas” para el siglo XXI

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§ El fiscal general del Estado pone el broche de oro al primer ciclo de conferencias de Foro Nueva Murcia con una ponencia sobre el pasado, el presente y el futuro del Ministerio Fiscal § Defiende el papel del fiscal como “garante de las garantías”, para cuya independencia considera “necesario romper amarras con todos los poderes” § Considera urgente la renovación de un modelo procesal que se ha quedado obsoleto y advierte de que “invertir en lo disfuncional es desinvertir, retroceder, prolongar la agonía del enfermo”

“El Ministerio Fiscal español se encuentra, en este momento, abriendo la puerta a una renovación profunda, necesaria, y ya demasiado esperada, del modelo de Justicia Penal en nuestro país”. Esta es una de las reflexiones que realiza el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sobre el pasado, el presente y el futuro del Ministerio Fiscal, tema de la ponencia con la que pondrá el broche de oro al primer ciclo de conferencias de Foro Nueva Murcia.

El gabinete de prensa de FNM ha recopilado las reflexiones que sobre este tema ha realizado el fiscal general del Estado en algunas de sus comparecencias. Así, Torres-Dulce recuerda que la Constitución ha atribuido al Fiscal el papel de “garante de las garantías”, que ha de velar por “la protección de los menores, de los incapaces y los enfermos, por la independencia y la competencia de los Tribunales, los derechos colectivos de los trabajadores en la jurisdicción social, la participación en órganos colegiados de control o dirección de la policía judicial y un sinnúmero de responsabilidades añadidas”.

Torres-Dulce se remonta al pasado para recordar que “hasta 1967 la ley definía al Ministerio Público como órgano de representación del Gobierno ante la Justicia, y desde entonces se identificó como órgano de comunicación del Ejecutivo con los Tribunales; definición que perduraría hasta la entrada en vigor de nuestro actual Estatuto de 1981”. “Esa inercia institucional explica una percepción de desconfianza hacia el Fiscal, sobre todo en el terreno penal, a la hora de decidir qué se investiga y qué no, y cómo se investiga”, reflexiona el fiscal general del Estado. Con todo, sostiene que “la Constitución avanzó por el camino correcto, proclamando no sólo la imparcialidad del Ministerio Público, sino también su autonomía orgánica y funcional”, que también se reflejó en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. En ambas leyes se decía que "el Ministerio Fiscal, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad".

Asimismo, Eduardo Torres-Dulce destaca que “el último cambio dirigido a garantizar la imparcialidad del Fiscal es el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado, haciendo intervenir al Parlamento; la fijación de un plazo determinado para su mandato, objetivando legalmente una serie de causas tasadas de cese, con el fin de sustraerlo a la mera voluntad del Gobierno, o la singularización presupuestaria de las partidas dedicadas al Ministerio Público dentro del conjunto de la Administración de Justicia, si bien con limitaciones”.

LLEGAR A TODOS LOS CIUDADANOS

En sus intervenciones, también considera muy importantes otras novedades en el plano organizativo y funcional: “La asimilación del principio de especialización del trabajo como criterio organizativo, y la renovación del territorial de la Fiscalía para facilitar un mejor servicio a los ciudadanos”. En este sentido, destaca “la presencia y la actividad de las grandes fiscalías especializadas centrales: la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con su relevante papel en materia antiterrorista, la Fiscalía Antidroga, y la Fiscalía Anticorrupción, que amplía sus objetivos a los grandes fenómenos de criminalidad organizada”. Y la voluntad de “llegar a todos los ciudadanos, para que todos los ciudadanos puedan llegar al Fiscal”, que ha dado lugar a que “a la tradicional organización de Fiscalías provinciales se sumen unidades de ámbito más reducido, las Fiscalías de Área y Secciones Territoriales, que buscan la proximidad con los núcleos de población más significativos o más aislados de las sedes provinciales”.

Pese a toda esta evolución, Torres-Dulce cree que el Ministerio Fiscal, al igual que otras Instituciones públicas, no puede sustraerse a la realidad. “Vivimos tiempos de cambios, de pérdida de certezas que tienen su causa en que modelos de convivencia o de regulación social comienzan a mostrar evidentes señales de fatiga e impotencia, los cuales se han precipitado y agudizado por la profunda crisis económica. Estos efectos se sienten, en mayor o menor medida, en todos los ámbitos de la vida pública y, especialmente, en la Administración de Justicia como pieza esencial del Estado de Derecho, en tanto que se tiene que enfrentar a diario con los devastadores efectos de la crisis, debiendo dar respuesta, en ocasiones, con instrumentos legales que no se adaptan a estas nuevas situaciones y con una mayor escasez de recursos”.

UNA “FÁBRICA” POCO PRODUCTIVA

Actualmente, explica Torres-Dulce, “la Justicia española se enfrenta, a consecuencia de una curiosa evolución histórica, o quizá a consecuencia de la falta de evolución, a una situación seriamente contradictoria. Disponemos de un enorme aparato funcional que arroja cifras desproporcionadas... Casi cuatro millones y medio de procedimientos penales por delito (4.252.214), más una enorme cantidad de juicios de faltas (812.000), que desbordan la Justicia Penal y abarcan en torno a tres cuartas partes del volumen total de actividad de los Juzgados y Tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales”.

“Ese volumen de trabajo- añade-, superior con mucho al de cualquier país europeo, a pesar de que España tiene un nivel de criminalidad real muy inferior al de la mayoría de esos países, exige permanentemente más recursos humanos y materiales: una dotación de medios, especialmente costosa en épocas de crisis, en las que además aumenta la litigiosidad, que sin embargo acaba siendo insaciablemente engullida por una maquinaria que, a medida que incrementa su capacidad de producir, parece incrementar el trabajo que genera”. Como dato, expone que “el resultado de ciento treinta años de vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de todos los procesos de reforma y de modernización acometidos en las últimas décadas se traduce en un 3 por ciento de productividad: de 4,5 millones de casos, algo más de trescientos mil acaban teniendo una respuesta penal en forma de sentencia y, de ellos, sólo 150.000 requieren, de verdad un juicio plenario con todas las garantías. Creo que no es difícil imaginar cuál sería el destino de cualquier fábrica que sólo llegase a terminar el tres por ciento de las unidades de producción que entran en la cadena de montaje”.

“El actual modelo procesal ha llegado a una situación límite, se ha convertido en un pozo insondable capaz de atrapar todos los recursos que se pongan a su disposición, sin que ese crecimiento constante se traduzca en la oferta a los ciudadanos de un servicio perceptiblemente mejor”, observa el fiscal general del Estado. Al contrario, “cuanto más hemos crecido, y mayor ha sido la presencia de la Justicia en la sociedad, peor ha sido la valoración que merece nuestra tarea a sus destinatarios. Curiosamente, es lo contrario de lo que ha sucedido con otras instituciones, como las Fuerzas Armadas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los ciudadanos comienzan a percibir que los incidentes, los errores, los fallos, los conflictos, no son anomalías ajenas al sistema, sino en buena medida fruto de su propia naturaleza obsoleta y extraña a la realidad social de nuestros días”. Por este motivo, se plantea que “invertir en lo disfuncional es desinvertir, retroceder, y no avanzar, posponer la solución prolongando la agonía del enfermo, que cada vez presentará una imagen más patética”.

De esta forma, Torres-Dulce asegura que “el debate sobre la modernización de la Justicia penal no puede seguir centrado en la pugna pueril acerca de si está mejor dotado para dirigir las investigaciones el Juez cuya independencia valoramos mucho hasta que empieza a hacer cosas que no nos gustan, o el Fiscal sospechoso de parcialidad hasta que su actuación nos beneficia”. Es más, afirma que “es una cuestión de política, ni de reparto de poderes, ni de protagonismos. Es un problema de Estado, del Estado de Derecho, de todos, porque a todos nos alcanza. Hace falta un cambio”.

VIAJE AL FUTURO DEL MINISTERIO FISCAL

Finalmente. Eduardo Torres-Dulce recuerda que “el Fiscal ha de ser imparcial en la interpretación de la ley, y para serlo necesita romper amarras con todos los Poderes. El Fiscal español del siglo XXI, de la segunda década del siglo XXI, no puede seguir inmerso en el debate sobre su naturaleza o su capacidad de actuar con imparcialidad y con autonomía”. Así, destaca “tres aspectos concretos, pero a la vez fundamentales, de ese viaje al futuro del Ministerio Fiscal”. El primero de ellos, “absolutamente clave”, es el de la formación de los Fiscales. “Dentro de este objetivo está la necesidad de satisfacer una mayor especialización, no sólo dentro del Derecho Penal, sino también en aquellos otros campos del Derecho en los que tenemos presencia los Fiscales”. Explica que “la imagen del sabio jurista conocedor en profundidad de todos y cada uno de los aspectos del ordenamiento jurídico es hoy una realidad inalcanzable. Crear Fiscales especialistas en determinadas materias es la única posibilidad de dar una respuesta a la demanda social ajustada a las exigencias de la misma”.

Subraya, en segundo lugar, que “la autonomía funcional y orgánica no es posible sin una clara delimitación de los recursos de los que el Ministerio Fiscal dispone para ejercer sus funciones”. Por último, el tercer aspecto que destaca Torres-Dulce, y que “viene a ser el reto principal del Ministerio Fiscal en este tiempo, es dar estricto cumplimiento a su obligación constitucional de satisfacer el interés social. El objetivo es atender a todos como la ley exige que sean atendidos, y llegar a donde la Constitución quiere que llegue el Fiscal. Para eso necesitamos, desde luego, la confianza de los propios ciudadanos y también una decisión firme y efectiva de apuesta por la autonomía del Ministerio Público”.

 

 

 

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